Algo más que palabras
La democracia siempre necesita de la moral
De un tiempo a esta parte, nada se da mejor que la confusión de
semánticas. Esto, aunque viene de lejos, pues ya Machado habló de que
todo necio confunde valor y precio, en la actualidad ha tomado voz y
tajada al mismo tiempo. Priorizar el respeto a las leyes humanas,
cuando se promulguen desnudas de sentido moral, no me parece lo más
cauto para la convivencia. Soy de los que piensan que la democracia
necesita de la moral, si no quiere ir contra su propia razón de ser,
contra aquellos valores y principios que pretende defender y estimular.
La cultura demócrata es una cultura moral, una prueba permanente de la
virtud de un pueblo de gobernarse a sí mismo, para servir con criterios
morales al bien de la generalidad y al bien de cada ciudadano. La
supervivencia, a mi juicio, va a depender mucho del espíritu moral que
impregna las instituciones e inspira sus poderes. Cuando la política y
la ley rompen toda conexión con la ley moral es difícil garantizar nada
y mucho menos el orden social justo al que todos aspiramos.
Hay una realidad que salta a la vista. Los ciudadanos que procuran
vivir de acuerdo con la ley moral, cada día lo tienen más complicado. A
menudo, se sienten presionados por fuerzas que contradicen lo que, en
el fondo de su alma sienten, y perciben como verdad. La moral -haciéndome
eco de lo plasmado por Ortega y Gasset- es un corrector imprescindible
para achicar los errores de nuestros instintos. Nos movemos en el
terreno del desorden, tanto de significante como de significado, y bajo
este caos interpretativo resulta bastante peliagudo entrar en el
terreno de la comprensión de la naturaleza de la persona humana como
tal. Está bien eso de consolidar un Estado de Derecho que asegure el
imperio de la ley, pero hay que tener en cuenta que sólo la persona
humana, con capacidad de discernimiento moral, puede colaborar en el
fortalecimiento de unas relaciones pacíficas. Al mostrar la verdad
moral sobre la persona humana y al testimoniar la ley moral inscripta
en el corazón de cada ser humano, no creo que ningún obispo quiera
imponer nada a nadie, sino dar luz a verdades esenciales de la persona.
Si la dignidad del ciudadano como agente moral reside en su capacidad
de conocer y elegir, con espíritu democrático, lo que es verdaderamente
bueno, no hay que desquiciar y mucho menos confundir. Habrá que
respetar sus derechos innatos, o lo que es lo mismo, sus derechos de
conciencia. De ninguna manera pienso que los obispos se entrometan en
la vida pública por cuestiones políticas como se ha dicho en diversos
medios de comunicación con motivo de la multitudinaria fiesta de la
familia, y aún menos para apoyar a un partido político u otro, sino
como transmisores y servidores de la verdad sobre la persona humana,
para defender su dignidad y promover la libertad del ciudadano frente a
la desorientación y el deshábito moral reinante. Siguiendo la estela
aristotélica de volvernos justos realizando actos de justicia; templados,
realizando actos de templanza; valientes, realizando actos de
valentía; también deberíamos tomar la actitud del verdadero demócrata,
realizando actos conforme a los valores morales que residen en todas
las habitaciones del ser humano. Desde luego, una atmósfera vinculada a
un relativismo moral es discordante al espíritu democrático.
La historia nos desvela que, allá donde la moral e incluso la religión,
son desterradas o recluidas al ámbito exclusivamente privado, resulta
más que imposible mantener y armonizar el ejercicio de nuestros
derechos con los derechos de los demás, porque cada uno suele tomar sus
deseos a base de personalismos. Por ello, estimo que promover la
maduración de la conciencia moral es un buen camino para hacer de la
democracia una actitud de vida. Este es el progreso fundamental para
poder vivir libre y, sobre todo, sin miedo a no ser respetado en su
dignidad. Además cuesta entender lo que es dar derechos iguales a todos
por parte de un gobierno, más allá de la diversidad política, religiosa
o el sexo; puesto que, el mismo principio de igualdad no quiere decir
que toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación.
En cualquier caso, observo que la democracia ha de apoyarse sobre una
base firme y sólida de moral. Y que la sociedad, toda ella, sean
creyentes o no, tienen el deber de elevar su voz, con los cauces
democráticos permitidos, allí donde la verdad fundamental de los
valores democráticos son manipulados o negados, donde se violan los
derechos inalienables de la persona. Además, el artículo 16.3 de la
Constitución, como consecuencia lógica de la proclamación de la
libertad religiosa y de culto, establece que ninguna confesión tendrá
carácter estatal. Creo, pues, que ningún gobierno tiene porqué defender
esta cuestión que ya está ciertamente asumida por todos. Sin embargo,
este principio de separación entre la Iglesia y el Estado, estimo, que
no supone un desconocimiento mutuo entre ambos, ya que como dispone el
propio precepto: "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias
religiosas de la sociedad y mantendrán las consiguientes relaciones de
cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones". Bajo esa
mención expresa a la Iglesia católica, por otra parte justa porque la
profesan la mayoría de los españoles, tendría pocas luces democráticas
no tomar en consideración lo que dicen los obispos. Las palabras
pronunciadas, a título de ejemplo, por el cardenal Rouco, cuando señala
que la paz se destruye en nuestro país con fenómenos como el aborto,
poniendo especial énfasis en que "si queremos la paz necesaria, la de
no matarse es fundamental ayudar a las familias" ya que "el don de la
vida viene a través ellas", lo único que hace es recordarnos la
gravísima crisis moral que padecemos. Perdida la moral se pierde todo
juicio y sensatez.
Víctor Corcoba Herrero
corcoba@telefonica.net
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