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Miércoles 17 de Setiembre de 2008


Locales

Enfermedad terminal

Por Roberto F. Bertossi

Nuestro país presenta uno de los índices más altos y penosos de minusvalías y mortalidad por accidentes de tránsito.
Unas treinta personas -aproximadamente- mueren diariamente y, la fatalidad de las 6.672 que morían en tales circunstancias en el 2003 se ha incrementado dolorosa y lamentablemente hasta alcanzar una cifra luctuosa estimada en 8.500 defunciones por accidentes de tránsito para fines del 2008.
En efecto, conforme fuentes como "Luchemos por la Vida Asociación Civil", hasta el 30 de abril de 2005 tuvimos 7.055 decesos accidentales en el 2003, 7.137 en el 2004 y para esa época -30/04/05- la cifra ya alcanzaba el número de 2.376 víctimas fatales.
Esta fatalidad no es sólo autóctona. La Unión Europea se ha propuesto para el año 2010 reducir a la mitad los 41.000 muertos anuales que se provocan en sus rutas pero, nosotros, ¿qué hacemos, concretamente con tanto crecimiento y superávit?
Quién y como administran ingentes fondos legales a los combustibles, específicamente afectados a infraestructura vial, a mayores, mejores y eficientes recursos; ¿cuál es la eficacia regulatoria de los peajes viales y la responsabilidad de los concesionarios?
En Argentina, los accidentes de tránsito constituyen la primera causa de muerte en menores de 35 años y la tercera causa en general, habiéndose verificado que el 85% de los mismos ocurren por ausencia de prevención, educación y concientización de la problemática vial, seguridad y correctivos eficaces, fallas humanas, la falta de uso del cinturón de seguridad, exceso de velocidad, consumo de alcohol, cansancio del conductor, corrupción en los controles, cualquiera tiene carné sin importar aptitudes, edad, etc., como asimismo, el pésimo estado de nuestras vías de tránsito, temeraria ausencia de señalizaciones y advertencias, de cruces de vías-ferrocarriles, de patrullas camineras sumándose a todo eso la voracidad de ciertas comunas y municipios que sólo lucran con la inseguridad pero, en general, nada hacen para corregirla o reducirla todo lo posible.
No hay seguro de vida, seguridad ni desarrollo sin una infraestructura vial adecuada, con logística e íntermodalidad, dinámica, planificada, sólidamente financiada y óptimamente conservada con todos los equipos, recursos tecnológicos y satelitales que razonablemente nos permitan asegurar la seguridad de los conductores y acompañantes que transitan las carreteras argentinas.
También nos duele pensar que pueda ser más eficaz el interés comercial en el desarrollo vial que el propio cuidado de la vida de las personas.
Uno de nuestros problemas -no sólo en este tema- es que se suelen proyectar e inaugurar nuevas carreteras que luego no se mantienen y, cuando a una ruta no se le da una conservación permanente y adecuada, se destruye `construyendo` simultáneamente la causa de tantas fatalidades y sus consecuencias.
Los caminos, las vías, autovías, rutas, autopistas y proyectos viales prospectivos son sin duda elementos esenciales e insustituibles de la infraestructura para el adelanto, progreso y bienestar de nuestros pueblos configurando con las comunicaciones, los `iconos` visibles más relevantes y trascendentes de los procesos de regionalización en particular y globalización en general.
Ciertamente, es inimaginable el desplazamiento seguro y oportuno de personas y bienes sin estos recursos viales.
Por todo eso resulta angular en nuestra problemática vial, la mejor estructuración, el mejor flujo de recursos y las asignaciones presupuestarias suficientes teniendo en claro que está en juego el derecho a la vida humana, razón y supremacía de todos los otros derechos, deberes y garantías.
Así es como deberemos impulsar entonces, la construcción, mejoras, conservación, expansión y la explotación vial mediante concesiones por sistemas de peajes haciendo cumplir la legislación vigente y el ejercicio eficiente del poder de policía.
A esta altura y ante este estado de cosas, no se debe soslayar que nuestro socio mayor del Mercosur, el Brasil, durante la última década evidenció en su sistema vial, una notable mejora de su red de carreteras y esto, no se dude, repercute no sólo en seguridad para la vida de los brasileros sino también en términos de productividad y competitividad, aun cuando dicho país está mostrando en la actualidad marcadas tendencias de mayor crecimiento.
Resumiendo, en todos los casos, se deberían adoptar las medidas necesarias -sin descartar una declaración total o parcial de emergencia vial- para que, cualquiera fuera el camino, su diseño y configuración o dimensión, siempre queden a buen resguardo la vida, la calidad vial y la seguridad personal de los usuarios y sus acompañantes.
Esta `enfermedad terminal` de accidentados y muertos en accidentes de tránsito con sus recidivas, tiende a una pandemia imparable en tanto y en cuanto no se revierta la ecuación del aumento caótico en nuestro parque automotor y la exigua disponibilidad de una infraestructura vial/ferroviaria que hace tiempo ya, no nos sirve en condiciones de calidad, eficiencia y seguridad.
Finalmente la gran incógnita pasa por saber si se va a insistir en las experiencias privatizadoras y reguladoras actuales, si actuará aquí también el actual Estado empresario, si se atraerán fuertes participaciones privadas, si habrá opciones mixtas todo lo cual se centrífuga en una definición ideológica.
De ninguna manera, sin perjuicio de una profunda educación y reculturización vial y, sea cual fuera el paradigma, se podrá tolerar el actual estado de cosas -valiosa y periódicamente reflejado por la prensa- y mucho menos ignorar, despreciar ni exponer una sola vida humana en adelante por tantas rutas trágicas las que, si bien no son las únicas causas de la creciente y más cruenta accidentología vial, evidentemente no aseguran ni básicamente una confiabilidad elemental, esencial e impostergable.

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