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Miércoles 17 de Setiembre de 2008


Locales

"Hay que evitar que 28 familias queden en la calle"

El Sindicato de Obreros de la Industria Aceitera filial Rafaela, expresa en un comunicado su preocupación en cuanto al futuro de la industria en nuestra ciudad, y se declaran en "estado de alerta" por "las gravísimas consecuencias que se pueden originar".

El Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera filial Rafaela, con la firma de Ariel Correa, secretario general de la misma, ha hecho llegar a este Diario un comunicado donde dejan expuesta su preocupación en cuanto al futuro de la principal industria aceitera de nuestra ciudad, que constituye básicamente la mayor fuente laboral de los trabajadores de este sector, nos referimos más precisamente a la firma "Enrique Zeni y Cía." (ex Sol de Mayo).
Es bueno recordar, que en la edición del miércoles 10 de setiembre, bajo el título "Zeni no se trasladará y anticipó que se vería obligada a cerrar", LA OPINION ya había deslizado esta posibilidad. Recordemos también que todo esto surge ante lo que sucedería, en caso de que se apruebe el proyecto que busca regular la presencia de las plantas de silos en la ciudad, lo cual en el caso de Zeni es un reclamo largamente sostenido por los vecinos de barrio Sarmiento, que se quejan desde hace años sobre la serie de molestias que sufren, entre las que se cuentan la de ruidos molestos y el polvillo como las principales.
Frente a esta situación se encuentra en análisis en el Concejo Municipal, una ordenanza de silos que establece en una de sus cláusulas que este tipo de plantas deberán radicarse a una distancia mínima de 500 metros de la planta urbana. A lo cual responden las empresas afectadas -unas once además de Zeni- que sería muy difícil conseguir terrenos y amenazan con abandonar la ciudad.

El texto de la declaración del Sindicato Aceitero

Comienza diciendo el texto de la declaración de los trabajadores aceiteros rafaelinos, que "La dirigencia sindical quiere expresar su honda preocupación ante la existencia de un proyecto de Ordenanza que obliga a las plantas de silos a trasladarse del lugar donde se encuentran actualmente asentadas. En el caso de la empresa que nos emplea, Zeni (ex Sol de Mayo), la situación reviste mayor gravedad toda vez que los directivos han manifestado que de tornarse operativa dicha norma se verán obligados a cerrar la fábrica y discontinuar el giro comercial".
Continúa la misiva "Si bien es cierto que esta dirigencia sindical no está en condiciones hoy por hoy de determinar el real y efectivo perjuicio económico que sufriría la empresa, como así tampoco que la aprobación de la norma en definitiva sea determinante del amenazado cierre, lo concreto es que la situación reviste gravedad objetiva:
estamos insertos en una coyuntura política, económica y financiera que determina que las PyMes se encuentren en desventaja dentro de la actividad al verse imposibilitadas de competir con las grandes empresas aceiteras (exportadoras, con convenios de precios, etc.) "Por eso, en defensa de los derechos de todos los trabajadores y sus familias y a favor del sostenimiento de las fuentes de trabajo, nos declaramos en estado de alerta, informando a las autoridades y a la población toda, que haremos todo lo que sea necesario y conducente para evitar que 28 familias rafaelinas queden literalmente en la calle por una decisión política del Municipío".

"Antes que se radicaran los vecinos"

Continúa diciendo este comunicado "Además, al momento de evaluar la aprobación de la norma hay diversas circunstancias que deben tenerse en cuenta: que la empresa se encuentra radicada desde hace más de sesenta años en el lugar, obviamente antes de que se radicaran los vecinos y que ha cumplido tempestiva y completamente con todas las exigencias de Medio Ambiente respecto a ruidos y emisión de polvillo".

El punto más grave

Remarca la comunicación sindical, "Pero el punto realmente grave y determinante es la posibilidad concreta de que los trabajadores pierdan su trabajo, con el agravante de que hay muchos de ellos con muchos años de antigüedad pero que no alcanzan la edad jubilatoria, con lo cual el problema se potencia: no se pueden reinsertar en el mercado laboral ni pueden acceder al beneficio previsional, ocasionando así un alto costo social y político que las autoridades deberán evaluar con la seriedad que el tema merece".
Finaliza diciendo, "No desconocemos la autodeterminación del Municipio y su facultad de dictar normas, pero exigimos que esta función se desarrolle en forma responsable y atendiendo a todos los sectores comprometidos, teniendo en cuenta las gravísimas consecuencias que se pueden originar.
"En virtud de todo esto es que reiteramos encontrarnos en estado de alerta, así como asumir el firme compromiso de tomar las medidas que fueren menester para mantener los puestos de trabajo amenazados".

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