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Lunes 23 de Noviembre de 2009


Locales

Corte, Estado y el narcotráfico

Por el Dr. Omar Vecchioli (*).

Cuando en el mes de agosto del corriente año el Alto Tribunal se expidió en el caso "Arriola S. y otros s/recurso de hecho-tenencia de marihuana". Leímos el fallo (87 fojas) y después esperamos la reacción de los poderes públicos.
Como nada ha ocurrido, por esta vez prescindiremos del análisis jurídico para internarnos en lo que fue menos difundido: los conceptos socio-políticos del fallo.
Dejemos que hable la Corte: "...la Argentina ha cobrado importancia como país de tránsito y también hay indicios de producción local de cocaína. Nuestro país lidera el ranking latinoamericano de "estudiantes secundarios que consumen pasta base de cocaína conocida como "paco"; ...ha proliferado el éxtasis, la marihuana, el opio, la cocaína, los estimulantes, las anfetaminas, la heroína, etc. (World Drug Report, Naciones Unidas, Oficina de Drogas y Delitos).
Ello es confirmado por estadísticas oficiales en la Segunda Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media 2005, que agrega el uso de psicofármacos sin prescripción médica, solventes, inhalantes, etc. llegando a similares conclusiones el informe del Observatorio Interamericano sobre Drogas en 2006, ratificando el liderazgo de Argentina respecto a otros países de Latinoamérica en el consumo de diferentes estupefacientes, especialmente entre la juventud (primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar secundaria de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.
Podemos decir que estamos frente a un catálogo y variedad de consumo de drogas y estupefacientes, (lo dice la Corte, nosotros transcribimos), a lo que hay que agregar los "precursores químicos" necesarios para la fabricación de drogas en los que nuestro país participa en su cadena de producción...", observándose que "la persecución no se ha dirigido a delitos tales como lavado de dinero, e ingreso de los precursores químicos (acetona, efedrina, ácido clorhídrico, permanganato potásico, entre otros), según informe 2009 de varios organismo internacionales - informe Mundial sobre Drogas, resumen ejecutivo, UNODC- (voto del Dr. Fayt), que a su vez plantea "la necesidad de establecer políticas públicas y programas nacionales de salud asistenciales...", porque "la adicción es un problema de salud", con graves consecuencias sociales, delictivas, laborales, etc... (agregamos nosotros).
En términos similares a esa "necesidad" se expide el Ministro Dr. Lorenzetti, al expresar que "la Corte se ve en la obligación de recordar el ineludible deber de respetar los compromisos internacionales a fin de combatir el narcotráfico, y a nivel nacional la relevancia de aplicar una política de salud preventiva, información, educación...", correspondiendo agregar en este momento que la firma de Tratados Internacionales prevé el deber de los Estados de diseñar políticas tendientes a erradicar la producción, tráfico, oferta y demanda de estupefacientes ilícitos.
La Corte pone en claro que "...los jueces no deben legitimar las decisiones mayoritarias, simplemente porque son mayoritarias, (Cemerinsky Edwin Fireword: The Vanishing Constitution, en Harvard Law Review, 103:43), afirmación que me hace recordar las enseñanzas que generosamente nos aportaba en el Doctorado el Profesor Dr. Rafael Bielsa, cuando hablaba de "la dictadura de las mayorías", que no significaba un tema político sino jurídico, toda vez que, de aceptarlo incondicionalmente, "...equivaldría a admitir que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público, sin otra limitación formal que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general. Tal interpretación conduciría a desconocer límites que el derecho constitucional democrático ha establecido..." (del fallo de la Corte Suprema).
Contundentemente, el presidente de la Corte manifiesta: "... lo que no puede ocurrir es que las políticas públicas no alcancen ningún grado de efectividad a lo largo de los años, que sólo se conformen con leyes declarativas y que los resultados sean los contrarios de los perseguidos".
Respetuosamente memoramos que la Corte, que siempre reiteró que los jueces evalúen las "consecuencias sociales, culturales, económicas, etc... de sus fallos" no advirtió -todavía-, que para los poderes políticos la sentencia pasó al olvido y está ocurriendo lo que se quiso evitar: el mayor consumo de estupefacientes (de otro modo no estaríamos hablando que es un tema de salud). Se ve en la calle, en espacios públicos, y no es esto lo que ha querido el Tribunal, que de ninguna manera "legalizó la droga" (como erróneamente algunos dijeron) y que admitió que ..."su jurisprudencia, en un tema tan trascendente, lejos de ser pacífica, ha sido zigzagueante" (en alguna conferencia la denominamos "errática", como es el país).
No sorprende que el Máximo Tribunal, en el punto II) de la parte resolutiva, "exhorte a todos los poderes públicos a asegurar una Política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país".
Este punto, consecuencia de la opinión de los Ministros, contiene severas afirmaciones y una fenomenal advertencia y crítica a los poderes públicos (Gobierno Nacional, responsable de la implementación política), induciéndoles con sólidas razones a reemplazar el "formalismo" por hechos "concretos".
Puntualizar la inexistencia o fracaso de políticas de Estado y requerir su creación sobre las bases que expone, conlleva la mención de un deber cumplido.
Seguimos observando que para los menores -según parece- la única política "inclusiva" es la de ingresar al mundo de la droga (lo dice la Corte con respaldo de informes oficiales) y no al de la educación y tratamiento.
Mientras tanto, los Ministerios nada presentan públicamente sobre medidas referidas a la prevención, recuperación y rehabilitación, omitiendo también una explicación sencilla sobre los alcances y consecuencias del fallo.
Las políticas de este tipo son de incumbencia exclusiva del Estado. las instituciones privadas que trabajan muy bien -aunque con escasos recursos económicos y científicos-, apenas pueden mitigar el daño individual y familiar que está provocando esta grave patología social.
Seguimos esperando el cumplimiento a este ruego de la Corte Suprema, que por sus considerandos se asemeja más a un mandato imperativo e ineludible.

(*) El autor es abogado y fue miembro de la Cámara de Apelaciones de Rafaela.

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