LA MAGISTRADA FALLO CONTRA EL GOBIERNO POR EL USO DE RESERVAS
Polémica por la detención del padre de una jueza
Se trata de Luis Sarmiento, un militar retirado acusado de represor. Su
hija relacionó el hecho a su enfrentamiento con la Casa Rosada. Pero el
Gobierno rechazó las acusaciones.
BUENOS AIRES, 20 (NA). - El ex militar y padre de la jueza María José
Sarmiento, quien falló en contra del Gobierno en torno al uso de
reservas del Banco Central, fue detenido ayer por orden de la Justicia
de Misiones acusado de delitos de lesa humanidad durante la última
dictadura, lo que generó una fuerte polémica entre la magistrada y el
oficialismo.
Luis Alberto Sarmiento, un militar retirado de 85 años, fue jefe de
Inteligencia y ministro de Gobierno en Misiones durante la última
dictadura y el procesamiento en su contra por participar de crímenes de
lesa humanidad tiene ya cuatro años, aunque recién ahora fue llamado a
declaración indagatoria.
El ex coronel Sarmiento quedó detenido en su domicilio luego de que
peritos forenses determinaran que no está en condiciones de salud como
para ser trasladado a Misiones.
Según precisó la Jueza, la orden de detención del militar -que pasó a
retiro en diciembre de 1974- fue ordenada por el juez federal de
Misiones Ramón Chávez, por lo que personal de Gendarmería se presentó
por la mañana en su domicilio, ubicado en la avenida Santa Fe al 3300,
para informarle de la detención.
"Los gendarmes dijeron que si no les abrían iban a tirar la puerta",
afirmó la jueza Sarmiento al dar a conocer el arresto domiciliario,
tras subrayar que su padre está "en silla de ruedas" y sufre "Mal de
Parkinson".
Pero, además, Sarmiento no dudó en asegurar que el episodio estaba
"evidentemente relacionado" con el enfrentamiento que mantuvo con el
Gobierno por los fallos que congelaron el uso de reservas para la
creación del original Fondo del Bicentenario y el desplazamiento de
Martín Redrado de la entidad monetaria. "Es muy llamativo, no voy a ser
tan hipócrita de decir que no. Evidentemente está relacionado. Esto es
una presión, pero no voy a ceder", sostuvo Sarmiento.
Aseguró también que su padre -pese a lo que dice su colega de Misiones
y el Gobierno- "nunca tuvo una causa o una denuncia" en su contra por
su desempeño durante la dictadura de Onganía-Lanusse ni la de Videla-Viola-Galtieri-Bignone. "Nunca supimos que existiera una causa o una
denuncia, y ahora nos enteramos con esta orden de allanamiento y
detención. Me parece muy raro esto", señaló Sarmiento en declaraciones
a varios canales de televisión.
Y agregó: "Desde que saqué la resolución siento una respuesta del
Gobierno totalmente desmedida y inesperada. Eso no va impedir que siga
trabajando, pero no es lo mismo. A veces siento miedo".
"UN ESPANTO"
La primera respuesta del Gobierno fue inmediata y llegó de parte del
jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien rechazó de plano que el
Gobierno tenga relación con la detención y definió como "un espanto"
las acusaciones de la magistrada.
"Es un bochorno que un juez esté haciendo creer que esto es un revanchismo del Gobierno ¿Qué tiene que ver el poder político y el Gobierno?
Es un juez de Misiones quien ordenó la detención. ¿Qué tengo que ver
yo? Es absolutamente antidemocrático el planteo de la Jueza", enfatizó.
Por la tarde, fue el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, quien refutó el argumento de la magistrada y señaló
que la Jueza "no puede ignorar que su padre estaba imputado en delitos
de lesa humanidad" y que pesan contra él una treintena de causas.
"El 11 de julio de 2009, la Secretaría de DDHH se presentó como
querellante. Eso no resiste ningún tipo de consideración como las que
efectuara hoy la jueza Sarmiento, es exactamente al revés. Es bochornoso querer tergiversar. (Ella) debería haberse excusado (en la causa por
las reservas) porque su padre estaba siendo querellado por el Gobierno", planteó Duhalde.
Sarmiento había sido duramente criticada por el Gobierno por avalar, en
enero pasado, un pedido de la oposición para fallar en contra del
decreto 2010 que creó el Fondo del Bicentenario, y fue la jueza que
también repuso en su cargo al entonces ex presidente del Banco Central,
Martín Redrado, removido por otro decreto presidencial.
Además, la Jueza ya había tenido un duro cruce público con el Gobierno,
al que acusó por "intimidación", luego de que el Ejecutivo enviara un
patrullero a la puerta de su casa para forzarla a recibir un escrito
para la apelación del fallo por las reservas.
En ese contexto, la Procuración del Tesoro la había denunciado por
delito de fraude procesal, aunque la causa fue cerrada, mientras que en
febrero pasado la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia volvió a
denunciarla por los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, que
están siendo investigados por el juez Julián Encolini.
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