La Corte Suprema definirá validez de Ley de Medios
BUENOS AIRES, 2 (NA). - La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza
elevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el recurso extraordinario presentado por el Gobierno contra el fallo que en marzo pasado
confirmó la suspensión de la nueva Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual.
El tribunal declaró este viernes "admisible" el recurso del Estado
Nacional porque cumplió con "todos los recaudos formales", por lo que
será ahora el máximo tribunal del país el que resuelva la cuestión de
la aplicación de la norma, sancionada en octubre pasado en el Congreso
de la Nación.
En tanto, la oposición insistió este sábado en que la Ley de Medios es
"inconstitucional".
Como primera medida, y por tratarse de una cautelar, los jueces de la
Corte deberán resolver si aceptan intervenir en el expediente, para lo
que enviarán el recurso a la Procuración General de la Nación a fin de
que dictamine si se trata de una cuestión de "gravedad institucional".
Sucede que para la Corte Suprema de Justicia las resoluciones que se
refieren a medidas precautorias no autorizan el otorgamiento del
recurso extraordinario ya que no revisten, en principio, el carácter de
sentencias definitivas.
Peso a ello, y tal como advirtió la Cámara, "cabe hacer excepción a
dicha regla en los casos en que lo resuelto cause un agravio que, por
su magnitud o circunstancias de hecho, pueda ser de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior o bien cuando excede el interés
particular, configurando un supuesto de gravedad institucional".
Al respecto, según señaló la Cámara, en el caso de la aplicación de la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, "prevalecen razones de
interés general".
Además, remarcaron los camaristas, "suscita cuestión federal suficiente, toda vez que se cuestiona la violación a las reglas de procedimientos, la afectación del derecho de las minorías y su implicancia
constitucional, que concluyó con la sanción por parte del Congreso de
la Nación, de una norma de carácter federal como lo es la ley 26.522".
La Cámara había ratificado el 25 de marzo pasado la medida de la jueza
federal Olga Pura de Arrabal, por considerar que "aparecen vicios de
ilegitimidad" en el proceso de sanción de la ley, motivo por el cual
decidió mantener en suspenso la aplicación de toda la norma.
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