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Sábado 15 de Mayo de 2010


Locales

VIVIENDA DOCENTE
¿La propuesta es insuficiente?

Por el Lic. Marcelo Gastaldi (*)

La Cámara de Diputados, finalmente, dio media sanción a lo que pudo ser una ley que brindara una solución integral a la demanda de vivienda por parte del sector docente. En realidad se aprobó un Mensaje del Poder Ejecutivo que me permito definir como una Carta Compromiso entre el Estado provincial, la ANSeS, Nación Fideicomisos SA y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente del Ministerio de Planificación Federal de la Nación. Deseo aclarar que esta no es una ponderación que le quite méritos a lo votado, en tanto resolverá parcialmente el acuciante problema de muchos docentes, pero no puedo evitar recordar que hay un camino recorrido por esta Cámara alrededor del debate de esta problemática. Y es mi deber repasar ese derrotero, porque considero que nuestras propuestas son superadoras de lo que se votó.
La crónica de esa discusión se inició en marzo del 2008, cuando propusimos crear el Programa Especial de Vivienda para Docentes en la provincia de Santa Fe, para lo cual, un año después, y luego de debatir con los distintos actores involucrados en la problemática, entendimos prudente y necesario generar el Fondo para la Vivienda Docente, que pensamos debía ser administrado por una comisión técnica constituida por representantes de todas las organizaciones sindicales que nuclean a los trabajadores del sector docente y del Poder Ejecutivo.
En ese mismo mes de marzo de 2009 planteamos una tercera propuesta, en la que sugerimos que el Poder Ejecutivo integre el mencionado Fondo para la Vivienda Docente con una suma equivalente al 2 por ciento del total de los haberes que perciben los trabajadores de la Educación, siendo este un aporte que provendría de una bonificación no retributiva sobre esos ingresos, mensual, permanente y complementaria de las políticas salariales. Esta era una alternativa similar a la que se aplica mediante acuerdos que el Poder Ejecutivo estableció con el personal de UPCN y ATE, por ejemplo.
Tal como expresé en el recinto cuando se debatió el tema, estas reflexiones no van en el sentido de poner en duda la finalidad de lo votado; tienen, eso sí, la intención de mostrar que pudimos llegar a puerto y aún estamos navegando.
¿Qué votamos la semana pasada? Se aprobó la mencionada carta de intención, que plantea lo siguiente, entre otras cuestiones:
a) Se toma financiamiento para la construcción de 3.120 viviendas.
2.000 serán para docentes; 1.000 para policías, y 120 para personal penitenciario.
b) El compromiso financiero para la Provincia es de 280 millones de pesos, y el monto por vivienda es de 90 mil pesos.
c) La oferta a los beneficiarios será de un monoambiente de 44 metros cuadrados, según informó la Directora de Vivienda de la Provincia en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Algo que se evita decir a lo largo de todo el expediente es cuál será el valor de la cuota que deberán pagar los beneficiarios y, en forma paralela, cuánto será lo que deberá complementar la Dirección Provincial de Vivienda para pagar los vencimientos del financiamiento tomado. La Directora Provincial estimó que la cuota mensual será de aproximadamente $ 1.200 mensuales debiendo el beneficiario abonar entre $ 600 ó $ 700 según sus ingresos y el Gobierno Provincial completar vía subsidio los $ 600 ó $ 500 restantes.
"El crédito no es barato", expresó la directora provincial de Vivienda, arquitecta Alicia Pino, quien realizó cálculos que hablan de un costo financiero cercano al 15 por ciento, cuando las operatorias provinciales no superan el 8%.
Hay que señalar que este programa no financia obras de nexo de infraestructura ni complementarias de algún tipo; no está definida la distribución geográfica de las viviendas ni los cupos "hay una gran zona de gris en lo que a terrenos se refiere", y en ese sentido, la arquitecta Pino manifestó contar con una base de datos con terrenos afectados al Plan Federal II que serían el punto de partida para dar respuesta a estos puntos. Es más, se comprometió a enviarnos una copia del mismo. Hasta hoy no hemos tenido acceso a esa información.
A esta altura no puedo ni debo esquivar la responsabilidad de decir "con total honestidad y humildad" que las propuestas presentadas oportunamente son superadoras a la que votamos, fundamentalmente porque las mismas ponen en un pie de igualdad a los docentes con el resto de los empleados de la administración pública que participan de las distintas mesas de negociación paritarias.
Ese compromiso con la búsqueda de una solución integral a la justa demanda de viviendas por parte del sector docente me llevará, en los próximos días, a ingresar nuevamente la propuesta de creación del Fondo para la Vivienda Docente, porque el pasado 1° de mayo perdió estado parlamentario. Obviamente no espero que la iniciativa sea tratada, momentáneamente, sólo pido se le de ingreso, se envíe a comisiones, y quede como una alternativa latente a futuro.
Como indiqué en el recinto, estoy convencido de la razonabilidad, justicia, y conveniencia de darle la posibilidad que sean los propios docentes quienes definan reglamentar, administrar el funcionamiento del Fondo e identificar las diferentes demandas regionales y la designación de cupos por región. Todas esas posibilidades estaban contempladas en nuestra propuesta, pero carecen de respuestas concretas en la media sanción que se votó el jueves pasado.
Para definir la sensación que quedó flotando entre quienes aportamos a una propuesta superadora, debo imaginar la salida de una reunión paritaria con el gobierno provincial y una calificación de la oferta oficial: "Es insuficiente", y los docentes santafesinos saben de qué hablo.
No sería deseable que en pocos días el diputado Raúl Lamberto o algún otro diputado oficialista de extracción docente, planteara en un nuevo artículo, por qué no llevamos a la práctica nuestras propuestas cuando fuimos gobierno o que necesitan aumentar los impuestos para llevar adelante políticas sociales. Si el oficialismo quisiera dar un debate en serio, lo mejor que podría hacer es explicar por qué la media sanción votada es mejor que nuestra iniciativa.

(*) Diputado provincial.

15-05-2010

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