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Editorial
Robo de electricidad
De casi un millón de clientes que consumen la energía eléctrica que
distribuye la Empresa Provincial de la Energía en toda la Provincia,
hay 180.000 que no pagan por ese servicio. De este total de quienes se
cuelgan de la red, se contabilizan 114.000 familias que están en situación
de extrema pobreza, no teniendo otra alternativa que obtener la energía
mediante ese recurso ilegal, correspondiendo en su mayoría a sectores
periféricos de grandes ciudades como Rosario y Santa Fe, en tanto que hay 65.000 consumidores de energía que hurtan la misma mediante conexiones clandestinas, aunque en este caso, con la salvedad de que se trata de gente de buen poder adquisitivo.
Constituye sin duda una situación preocupante, pues gran parte de la energía cuyo costo deben afrontar todos los consumidores cumplidores de la Provincia, se escabulle en buena medida. Que en el caso de los grupos marginales lleva un sentido solidario comprensible, pero que no deja de ser un llamado de atención, ya que tenemos allá una clara muestra sobre 114.000 familias que según el calificativo realizado por la propia EPE se encuentran en situación de pobreza extrema.
No es menos preocupante la perspectiva derivada por el hurto que realizan quienes pueden afrontar el pago, pero optan en cambio por el delito que significa la conexión clandestina, realizando un gasto del que deben hacerse cargo los demás consumidores, o bien las rentas generales de la empresa estatal, que es decir lo mismo que los contribuyentes santafesinos.
Para tener una idea respecto a la super concentración en las dos grandes ciudades que tienen los hurtos de energía, mediante enganches furtivos o conexiones clandestinas, digamos que en toda la jurisdicción de la Sucursal Rafaela, que comprende los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio, con un total de 105.000 usuarios, sólo hay apenas unos 600 usuarios que tienen conexión ilegal directa a la red de distribución.
Ordenar el tránsito
Frente a la gran cantidad de víctimas fatales que producen los accidentes de tránsito en nuestro país, todo lo que se haga para tratar de mejorar la situación es insuficiente. Sin embargo, aunque no con la celeridad pretendida, poco a poco se van concretando algunos avances, como por ejemplo la media sanción que le dio la Cámara de Diputados de nuestra Provincia (r)y ahora deberá á considerar el Senado(r) para adherir a la Ley Nacional de Tránsito y al Código de Faltas, lo cual apunta a conseguir un mayor ordenamiento del tránsito.
El tránsito es la mayor causa de muertes evitables, con cifras que alarman, pues hubo en todo el territorio nacional(r) 7.885 víctimas fatales en 2009, 8.200 en 2008 y 8.104 en 2007, quedando claramente expuesto en el trágico balance de esos tres últimos años, las funestas consecuencias que deja esta clase de siniestros, además de sumarse la muy elevada cantidad de heridos de variada gravedad, incluso con lisiados de por vida, y también un altísimo costo material.
Que en la Argentina tengamos un promedio de 22 muertos por día en los caminos y calles, consecuencia de los accidentes que allí se producen, constituye una preocupación mayúscula, incrementada cuando caemos en la cuenta que al menos el 95% de los siniestros son causados por el factor humano. Es decir, no hay fatalidad ni casualidad, sino puramente la impericia o imprudencia de los conductores que provocan estas tragedias.
Es cierto también que la estructura vial es sumamente pobre, con pocas autopistas y autovías, incluso las existentes con servicios limitados, escasa iluminación y otras deficiencias, que al fin y al cabo no son casi nada en comparación con el resto de carreteras de doble sentido de circulación, donde automóviles se ven permanentemente enfrentados a unidades de gran porte, andando a elevadas velocidades sobre franjas asfálticas de reducidas dimensiones. Sin duda, absolutamente todo debe ser mejorado. Comencemos por nosotros mismos, que es lo más rápido.
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