A LA FAMILIA DE UN POLICÉA ASESINADO POR DELINCUENTES
Indemnizarán con $ 550 mil porque no funcionó su arma
En 2005 el oficial quiso repeler un asalto, no le funcionó la pistola
ni tenía chaleco antibalas y lo acribillaron. Ahora la Provincia deberá
hacerse responsable.
Ahora el Gobierno provincial deberá pagarle 550 mil pesos a los
familiares de un policía de 26 años que murió acribillado en un
enfrentamiento con delincuentes en un asalto a un supermercado de la
zona norte de Rosario en abril de 2005, dio a conocer ayer La Capital
de Rosario y la agencia de noticias NA.
Es que la Justicia entendió que la Provincia es la culpable de esa
muerte por no haberle suministrado al efectivo un chaleco antibala y un
arma reglamentaria en condiciones de uso.
Además, el joven oficial era el único sostén de la familia y se había
enrolado en la fuerza por necesidades económicas.
DETALLES
El hecho en cuestión ocurrió durante la gestión del ex gobernador Jorge
Obeid y conmocionó a tal punto a la policía rosarina que generó un
acuartelamiento de los efectivos durante dos días a modo de protesta.
Se trató de la gota que colmó el vaso, ya que por entonces los policías
venían realizando reclamos gremiales por falta de elementos de trabajo.
El caso por el que ahora debe responder el Estado provincial ocurrió el
11 de abril de 2005, cuando el policía Diego Ramón Navarro, en ese
momento de 26 años, cumplía un servicio de custodia en el supermercado
Azul de Ricardo Núñez y Agrelo.
En el lugar, y cerca de las 21:00, irrumpieron delincuentes con fines
de robo. Dos de ellos portaban armas de fuego y dispararon contra
Navarro, quien repelió la agresión pero fue alcanzado por dos disparos
en el tórax. Ocurrido esto fue asistido por empleados del supermercado
y el policía les alcanzó a decir que se le había trabado el arma.
Minutos después fue trasladado a un centro de salud, pero falleció a
las pocas horas.
El hecho convulsionó a la policía de Rosario, que tomó el caso como el
trágico corolario a una serie de reclamos sobre sus condiciones
laborales; justamente por la falta de elementos de trabajo, como
chalecos y pistolas. La investigación penal no arrojó certezas sobre
los autores del crimen. Ya en 2007, los padres de Navarro decidieron
iniciarle un reclamo civil a la Provincia por los daños y perjuicios
que les ocasionó la muerte de su hijo, un muchacho soltero que era el
único sostén de la familia y se enroló en la fuerza por necesidad.
EL JUICIO
Una vez llevado el reclamo al Tribunal de Responsabilidad Extracontractual N° 1, integrado por los jueces Fernando Longhi, María Rodríguez y
Mariana Varela, se arribó a la conclusión de que el fallecimiento de
Navarro fue por las heridas mortales como consecuencia directa del
ejercicio de la función policial.
El Tribunal acumuló testimonios y pericias y llegó a la conclusión de
que los disparos recibidos en el tórax que provocaron la muerte del
policía "denotan, sin lugar a dudas, la falta de equipamiento idóneo
por parte de la demandada. Además, los informes de la sección Balística
de la Unidad Regional II confirmaron que el arma utilizada por el
agente, una pistola calibre 9 milímetros, presentaba un cartucho
trabado en la recámara por el encasquillamiento de un cartucho. Ello
confirma que Navarro intentó defenderse y el arma no respondió. Por
ello, los jueces admitieron la demanda y condenaron al Estado a
resarcir a los padres de Navarro con 550 mil pesos por el daño moral y
material que les ocasionó la muerte de su hijo.
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04-07-2010
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