OBAMA CONTRA ARIZONA
El Gobierno impugna la ley antiinmigrante
WASHINGTON, 7 (AFP-NA). - El Gobierno estadounidense anunció ayer que
presentó una demanda contra la ley antiinmigrante del estado de Arizona
(suroeste) porque presuntamente interfiere con la autoridad federal.
"La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de una
mezcla de políticas migratorias estatales y locales en todo el país",
explicó el Gobierno en su demanda, presentada ante un tribunal federal
en dicho estado fronterizo con México. Ese tipo de iniciativas "perturbarían seriamente el cumplimiento federal de las leyes migratorias",
añadió el comunicado del Departamento de Justicia.
La ley SB 1070, proclamada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer,
el pasado 23 de abril tras un voto en el Congreso estatal, declara por
primera vez en la historia de este país la inmigración ilegal como un
delito estatal. La ley debe empezar a aplicarse en principio a partir
del 29 de julio.
Al promulgar esa ley, "Arizona cruzó la línea constitucional", advirtió
el comunicado oficial.
La ley de Arizona obliga a la policía del estado a pedir la documentación a cualquier persona que bajo "sospecha razonable" pueda ser
considerado inmigrante ilegal, lo que para algunas organizaciones
civiles puede llevar a la discriminación por motivos étnicos o lingüísticos.
En Arizona viven unos dos millones de hispanos, 33% de origen extranjero. Unos 460.000 son indocumentados.
Cualquier ciudadano de Arizona puede presentar una demanda contra la
policía, o contra otro funcionario estatal, si considera que no cumple
con esa exigencia de controlar la situación migratoria de un sospechoso.
La ley SB 1070 ya fue impugnada ante los tribunales por organizaciones
civiles, y el presidente Barack Obama la tildó desde el inicio como un
proyecto "erróneo".
La ley sin embargo ya ha provocado la presentación de iniciativas
similares en otros estados y ciudades. La ley SB 1070 es apoyada por un
62% de la población estadounidense, según un sondeo reciente.
El texto fue aprobado por el Congreso de Arizona tras una creciente
preocupación por el posible desborde de la violencia del crimen
organizado del lado mexicano.
El asesinato de un ranchero en su propiedad cerca de la frontera, poco
antes de la aprobación, soliviantó aún más los ánimos, aunque según
datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) no se ha constatado un
aumento real de la violencia criminal en Arizona.
Obama tildó desde un principio a la ley SB 1070 de "iniciativa errónea"
y señaló que la única forma de afrontar el problema de los casi 11
millones de indocumentados en el país era mediante una reforma integral.
"Los habitantes de Arizona están comprensiblemente frustrados con la
inmigración ilegal y el Gobierno federal tiene la responsabilidad de
enfrentarse a esas preocupaciones", señaló el Fiscal General, Eric
Holder, citado en el comunicado. "Sin embargo, desviar recursos
federales de (la persecución de) extranjeros peligrosos como sospechosos de terrorismo y extranjeros con antecedentes criminales tendrá
impacto en la seguridad de todo el país", añadió.
Ese punto de vista fue secundado por los jefes policiales de la capital
de Arizona, Phoenix, y de Tucson, donde se concentra una gran parte de
la población hispana del estado. Para esos jefes policiales, "las
víctimas o testigos de crímenes probablemente denunciarán menos o
cooperarán menos con agentes policiales" por temor a los controles de
identidad, según una declaración de apoyo a la demanda.
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07-07-2010
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