EL GOBIERNO AHORA DUDA EN TOMARLO
Se activó el crédito para el "tren bala"
Cuatro años después de su lanzamiento, el proyecto para construir un
tren de alta velocidad que una las ciudades de Buenos Aires, Rosario y
Córdoba sumó un nuevo capítulo a su polémica. La combinación entre el
canje de deuda en default de la Argentina y la mejora en el clima
financiero internacional dejaron al país en condiciones de tomar un
crédito multimillonario con el banco francés Natixis, encargado de
financiar la obra, algo que no había sucedido con tanta claridad hasta
ahora. Sin embargo, ese premio esconde una penitencia: si no toma el
financiamiento acordado, el consorcio ganador de la obra podría pedir
la rescisión del contrato, por lo que el Estado debería pagar más de
U$S 500 millones.
La semana pasada, los credit default swaps (CDS por sus siglas de
inglés) a 10 años de la Argentina tuvieron una baja sensible. De
acuerdo con el contrato que firmó el Gobierno con el consorcio Veloxia,
si esos certificados (son seguros de deuda contra una eventual cesación
de pagos) se ubican por encima de los 800 puntos básicos, el Estado no
tiene la obligación de tomar el financiamiento.
En cambio, si caen por debajo de esa línea de forma sostenida, el
Gobierno "está obligado" a aceptar el crédito del Natixis. Así quedó
establecido en una de las últimas resoluciones que firmó el ex ministro
de Economía, Martín Lousteau.
Desde el canje de deuda, los CDS tuvieron una fuerte caída: comenzaron
el año en 822 puntos básicos y llegaron a los 1.149 en junio, pero
cerraron el viernes en 755 y desde el 22 de junio está por debajo de
los 800. Es la primera vez que eso ocurre por un tiempo prolongado
desde la firma del convenio por parte de la presidenta Kirchner.
DUDA OFICIAL
En el Gobierno aún no tienen claro qué hacer con el tren de alta
prestación, como lo llaman los técnicos. Fue anunciado con bombos y
platillos por el ex presidente Néstor Kirchner el 26 de abril de 2006 y
en abril de 2008, la presidenta Cristina Fernández firmó el contrato
con Veloxia. La iniciativa recibió críticas desde el principio, debido
a que implica un desembolso de U$S 3.800 millones que, según sus
detractores, debería destinarse a remodelar el resto del sistema. Pero
en la primera parte de su administración la Presidenta lo defendió como
una de las banderas de la modernización.
Hoy, en cambio, le genera un dolor de cabeza. No sólo por la polémica
que lo rodea, sino también porque las cuentas públicas cambiaron y está
identificado con el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, con
varias causas en contra en la Justicia. Allegados a su sucesor, Juan
Pablo Schiavi, explicaron que la iniciativa no figura entre las
prioridades del funcionario.
Fuente: El Cronista.
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