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Editorial
Baja institucionalidad
De acuerdo con el Informe 2010 de Desarrollo Democrático en
Latinoamérica, sobre 18 países relevados la Argentina ocupa el lugar 15
en cuanto al índice de calidad institucional y eficiencia política.
Este trabajo, que anualmente es elaborado por la Fundación Konrad
Adenauer conjuntamente con la consultora Politat, nuestro país
solamente se encuentra adelante de Bolivia, República Dominicana y
Honduras, ya que el resto de países de la región obtuvieron mejores
notas al momento de ser medida la calidad de las instituciones y del
sistema político en vigencia.
Los dos más destacados, compartiendo la primera posición del Indice,
fueron Uruguay y Chile, que lograron reunir 8 puntos sobre un total de
10, mientras que la Argentina apenas si llegó a contabilizar 3,230
puntos. Una ubicación que no nos es ajena, ya que siempre estuvimos
aplazados por debajo de los 4 puntos, aunque nunca tan bajo como en
esta ocasión.
Variadas fueron las razones que explican la baja performance argentina,
incluyéndose aspectos del funcionamiento político que afectan
directamente la institucionalidad, como por ejemplo el caso de las
candidaturas testimoniales, que en definitiva resultaron un fraude para
la ciudadanía, a la cual se le ofrecieron candidatos que luego
resignaron su elección para dejar paso a otros que no estaban dentro de
la consideración pública, pero además, se tuvo muy en cuenta para la
baja calificación la constante y creciente presión que desde el poder
se ejerce sobre la prensa.
Justamente, para este Indice se recurrió a los datos y hechos
acontecidos en 2009, dejándose deslizar que es altamente probable, en
virtud de lo que viene sucediendo ahora con los medios de comunicación,
que en este 2010 se empeore mucho más, ya que resulta evidente la
intención de ocupar desde el Gobierno todo el espacio de la
comunicación.
Las condiciones del ejercicio del periodismo constituyen uno de los
aspectos esenciales para la calificación del Indice, ya que se trata de
uno de los resortes más poderosos para contener los abusos del poder.
Los sectores más independientes de la ciudadanía advierten la
existencia de "algo turbio" en los manejos políticos e institucionales,
con lo cual se tiene la impresión de estar produciéndose un claro
vaciamiento en esas estructuras.
Las malas notas también se extienden en cuanto a la medición de
"democracia de los ciudadanos, sus derechos y libertades", habiéndose
detenido la curva ascendente de los últimos cuatro años, registrándose
el año pasado una caída del 6 por ciento.
Pero si andamos mal en cuanto a política e institucionalidad, en cambio
hay una noticia más favorable en otro rubro, donde se obtuvieron
mejores calificaciones, ya que se logró el séptimo puesto en cuanto al
desarrollo económico, estando por encima del promedio de la región.
Mientras que en el aspecto social, la Argentina quedó mejor ubicada
todavía, ocupando el cuarto puesto entre los 18 países participantes
del relevamiento.
Los tres países que más se destacaron en cuanto a su posicionamiento
por tener un sistema político que funciona en base al respeto
institucional y con agendas de largo plazo, fueron Chile, Uruguay y
Costa Rica.
Este informe tiene sin dudas temas que deberían ser motivo de análisis
muy profundos, ya que mientras se destaca una posición muy importante
en cuanto al nivel social y también al económico, en cambio se tiene un
enorme déficit en lo político e institucional, que podría ser lo más
sencillo de solucionar de existir condiciones de diálogo para ir en la
búsqueda de acuerdos y consensos. Justamente, lo que falta en la
Argentina y que hace unos días remarcó aquí en Rafaela con claridad
monseñor Jorge Casaretto, durante una disertación en el Lasserre.
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