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Lunes 1 de Noviembre de 2010


Policiales

CASO DE LA "OVEJA BLANCA" DE TOSTADO
Denunció a policías: ahora sólo quieren que se jubile

Por Rubén A. Armando
rarmando@laopinion-rafaela.com.ar


En mérito al caso del policía Tostado, subcomisario Máximo Miguel Pagura, quien el 25 de noviembre de 2007 denunció irregularidades en el manejo de las partidas de fondos públicos para gastos de funcionamiento en la Unidad Regional XII de Policía del departamento 9 de Julio, causa en la que se encuentran procesados cuatro funcionarios policiales por su relación al manejo de dichos fondos, en la continuidad de la solitaria lucha que lleva adelante desde entonces se conoció que Pagura presentó un recurso de amparo, y lo hizo el pasado 20 de octubre con patrocinio letrado.
Se concretó en el Juzgado de 1ª Instancia del Distrito N° 15 en lo Civil, Comercial y Laboral de Tostado, a cargo de María D. Aguirre Guarrochena, quien también se halla a cargo del Juzgado Penal de dicha ciudad y de la causa penal que el policía lleva adelante. Esto, motivó que Pagura lo considere "no acorde a los hechos y al derecho", y que lo haya plasmado en una presentación ante el Fiscal de la Cámara de Apelación de Rafaela y ante la magistrada de mención, tal fue publicado oportunamente.

SUSPENSION DE UNA RESOLUCION

De acuerdo al subcomisario Pagura, "esta medida de garantía y protección adecuada, expedita y oportuna al agravio de derechos constitucionales, la realizó solicitando la suspensión de la resolución del jefe de Policía de la Provincia", habida cuenta de que se lo derivó a la Caja de Jubilaciones y Pensiones, "conforme lo dictaminado por las Juntas Médicas policiales, notificado el 27 de septiembre de 2010, y rechazando el amparo interpuesto en forma «in limine», en base a la extemporaneidad (16 días de ser notificado, cuando la ley de Recurso de Amparo N° 10.456, prevé 15 días hábiles)".
"No obstante -dice Máximo M. Pagura- la magistrada no tuvo en cuenta que este recurso está sujeto a otras vías más idóneas para alcanzar su finalidad (lo cual le marcó en su resolución) y la que intento y lo agrego como prueba adjunta, con un recurso administrativo de revocatoria y apelación en subsidio, solicitando lo mismo (suspensión del acto) el pasado 7 de octubre. Entonces, mínimamente debería interpretarse este como suspensivo del término de caducidad.
"Por otro lado -agrega el policía- la jueza interpreta que la materia de debate aparece comprendida en el ámbito del contencioso administrativo, lo que no le proporciona un valioso elemento orientativo para la cuestión a resolver. Lo cual está más que dividido en la jurisprudencia y la doctrina. Conforme la jurisdicción ordinaria, es la única que puede prever la doble instancia de raigambre constitucional.
Como así este remedio, que no está destinado a imputar responsabilidades o culpas, simplemente a verificar una situación de anomalía objetiva y ponerle adecuada terminación a un acto manifiestamente arbitrario, que sería contrario a la justicia y a la razón".

NO A LA JUBILACION

Esto se da en cuanto no puede disponerse -de acuerdo al pensamiento de Pagura- el paso a la Caja, cuando la administración que tiene el deber de expedirse en forma rápida y fundada y no lo hizo en más de 10 causas administrativas elevadas subsidiariamente al Ministerio de Seguridad, entre las cuales está la profesionalidad o no de su afección, el abandono, o no, del servicio, como así una que a 2 años no fue notificado para expresar agravios y fundar impugnaciones. Esto, cuando por otro lado la magistrada tiene pleno conocimiento que la ilegalidad de todo el procedimiento administrativo esta subsumida a la causa penal, donde se debería tipificar el abuso de autoridad, de un traslado, de encubrimiento de un accionar delictivo, y demás.
Para el policía, todo está "sumado a que la duda hace admisible dicho recurso, cuando esta más que a la vista la ilegalidad del accionar administrativo. Por otro parte, también se dice que si la ilegalidad se repite no caduca el plazo de interposición. Esta se repitió con una nueva notificación, en este caso el 6 de octubre pasado, y de la cual tuvo pleno conocimiento, es decir, como lo expresara en su resolución «no verifico la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta»".
En otro orden, Pagura hace hincapié en que "la jueza cuestiona el escrito del abogado patrocinante. Conforme esto hace al desempeño de la noble profesión de abogado, solamente queda preguntarse si esta magistrada está haciendo honor a su profesión y a su cargo", porque "hasta la fecha no ha sido notificado de ningún remedio para tan irregular causa penal, que hasta ahora, dice no ha hecho más que avalar".

¿UN "PREMIO" POR DENUNCIAR?

Finalmente, el subcomisario que denunció a policías en 2007, "la jueza no advierte una lesión actual, real o potencial de naturaleza constitucional como exigencia para la excepcionalidad y la viabilidad del amparo, cuando por el contrario esta se basa en la «estabilidad del empleo público» del artículo 14 Bis de la Constitución nacional, concordantes con las «garantías» del artículo 28 de la norma suprema antes citada, ya que la arbitrariedad e irrazonabilidad del procedimiento administrativo que se enmarca en una clara violencia laboral institucional, lo deja claramente en evidencia. Máxime sabiendo que todo deviene en que denuncié -por imperio de la ley- delitos contra la administración pública, y ahora recibo un ataque sistemático de los mismos órganos que debieron actuar en consecuencia, y que se cruzaron de brazos amparando el sistema de corrupción estructural contra el cual dicen luchar".

01-11-2010

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