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Miércoles 3 de Noviembre de 2010


La página de los Jubilados

El 82%, otro fracaso del sistema político

Los países progresan en base a políticas de Estado, decisiones estratégicas que son sostenidas más allá de las alternancias en el ejercicio del poder. Todo lo contrario a la frustrada "ley del 82% móvil", que demuestra la falta de capacidad del sistema político argentino para alcanzar consensos y racionalidad. Más que especular sobre dividendos políticos, la experiencia tiene que ser considerada como otra oportunidad desaprovechada.

Los ingresos y gastos del sector público nacional se conforman por el Tesoro Nacional, los recursos de asignación específica, los organismos descentralizados, los fondos fiduciarios y otros organismos extrapresupuestarios (como PAMI, AFIP, etc.), por un lado, y la seguridad social, por otro lado. Esta distinción es importante porque los primeros se financian con impuestos y otros tipos de ingresos fiscales, mientras que la seguridad social se financia con aportes y contribuciones que generan un compromiso futuro de pago de jubilaciones.
A través de la evaluación retrospectiva de estos dos grandes componentes del sector público se pueden entender los motivos que llevaron al veto de la ley que aumenta la jubilación mínima al 82% del salario mínimo y estipula la actualización en el valor real de las jubilaciones licuadas entre los años 2002 y 2006 por falta de movilidad.
Los datos económicos oficiales muestran la fuerte dependencia del sector público de los excedentes del sistema previsional. Planteado en términos más directos, la iniciativa de la oposición colisiona con las demandas de recursos que imponen el vertiginoso incremento del gasto público impulsado, entre otros factores, por el crecimiento de los subsidios a empresas públicas y privadas, y la masiva expansión del empleo público. El veto a la ley es consistente con la necesidad fiscal de corto plazo y la despreocupación por la insolvencia fiscal de mediano plazo. Prueba de ello es que un factor clave para generar el superávit de la seguridad social es la eliminación del régimen de capitalización (en el año 2007 con la migración forzada de un grupo de aportantes y en el año 2009 con la eliminación total). De los 1,1 puntos del PBI de excedentes de la seguridad social del 1er. semestre del año 2010, 0,8 puntos corresponden a aportes personales que, en su mayoría antes eran ahorrados en el régimen de capitalización. Esto es "pan para hoy y hambre para mañana". A medida que estos trabajadores se jubilen, el Estado incrementará sus erogaciones previsionales. El fenómeno es potenciado porque en lugar de actualizar los requisitos de jubilación al envejecimiento de la población, tanto oficialismo como oposición son muy concesivos frente a las demandas de ciertos colectivos de trabajadores para disfrutar de regímenes especiales con relajamiento de estos requisitos.
En un debate previsional poco racional, improvisado y cargado de oportunismo toman sentido las evaluaciones sobre costos y beneficios políticos que tiene para el oficialismo y la oposición el veto de la norma. Seguramente algo parecido ocurrirá, pero con roles invertidos, cuando por decreto se anuncien aumentos sobre las jubilaciones hacia fin de año o a más tardar en marzo del 2011 (cuando por ley corresponde aplicar la movilidad).
La falta de capacidad para generar políticas de Estado racionales lleva a la Argentina a desaprovechar oportunidades e hipotecar su futuro. Los países vecinos, en cambio, muestran los réditos del comportamiento maduro de sus sistemas políticos.

Fuente: IDESA.

03-11-2010

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