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Sábado 6 de Noviembre de 2010


Argentina

MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS
Nuevo revés para Hugo Moyano en la Justicia

BUENOS AIRES, 6 (NA). - La Cámara Federal validó ayer una medida que ordena realizar pericias sobre troqueles de un medicamento, en el marco de la causa que se investiga si la obra social de los camioneros, OSCHOCA, cobró reintegros indebidos del Ministerio de Salud de la Nación en defraudación al Estado.
El abogado Daniel Llermanos, defensor del líder de la CGT y del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, pretendía que se declare la nulidad de la decisión adoptada por el juez de primera instancia Claudio Bonadío de peritar los troqueles que la obra social había presentado ante el APE (Administradora de Programas Especiales). La pericia ordenada por el juez Bonadío es sobre troqueles del medicamento oncológico "Erbitux 5 mg/ml x 20", que se sospecha serían apócrifos.
Llermanos cuestionó el estudio porque Bonadío no le permitió estar presente durante la declaración testimonial de una experta sobre distribución de medicamentos de parte de laboratorios y droguerías.
Bonadío escuchó la declaración de la perito que declaró como testigo, María Butti, puesto que una primera pericia "scopométrica" indicó que los troqueles sobre los que se hicieron los estudios eran similares a los auténticos.
El abogado Llermanos pidió la nulidad de la resolución que dispone realizar una nueva pericia sujeta a los parámetros que brindó la experta en su declaración.
No obstante, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah entendieron que "los agravios introducidos por el apelante contra ese testimonio no poseen entidad para afectar directamente la validez procesal de la orden de materializar el peritaje".
Los jueces aclararon que las partes involucradas en el sumario "conservan amplias potestades para discutir el resultado del peritaje o incluso pedir su reproducción".
"La negativa del juez a que la defensa asista a una declaración testimonial no genera un gravamen irreparable a la parte", sostuvieron los jueces, quienes agregaron que "la pertinencia de la prueba y su calificación como necesaria a los fines de la investigación incumbe sólo al juez de la causa".
En la causa se investiga la presunta defraudación al Estado perpetrada por la obra social de los camioneros al solicitar reintegros de dinero al APE, organismo dependiente del Ministerio de Salud, mediante falsos troqueles y por tratamientos de alta complejidad sobre afiliados pero que en realidad nunca se habrían llevado a cabo.

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