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Viernes 26 de Noviembre de 2010


Cartas de lectores

Necesarias aclaraciones

Sr. Director:

Como es de público conocimiento la sucesión de hechos ocurridos en estos días y dados a publicidad por el matrimonio Fuhr-Valsagna, haciendo claramente un descrédito público hacia mi persona y mi actuación profesional, me veo en la necesidad de echar luz a todo lo acontecido.
Utilizo este medio atento que la prensa escrita, radial y televisa que cubrió el caso no me otorgó derecho a réplica alguno, ni siquiera corroboraron la veracidad de los dichos vertidos en los estrados judiciales.
El derecho a expresarse no debe ser cercenado, a ningún ciudadano. Respeto el derecho del matrimonio a expresar y peticionar por su situación. Sin embargo, ello debe hacerse con la verdad.
Ajustándome a todo lo sucedido en las instancias judiciales, pongo en conocimiento a toda la comunidad de lo siguiente:
El origen de la deuda: El matrimonio Fuhr-Valsagna, por situaciones que desconozco dejó de abonar las cuotas correspondientes del crédito hipotecario solicitado en el año 1999. Este no es un dato menor, si consideramos que las leyes por ellos alegadas (12.284 y 25.798) se aplican sólo a los supuestos de mora comprendidos en los años 2001/2003. Es falsa la argumentación por ellos esgrimida que todo "comenzó en 2001 producto de un juicioà", puesto que la ejecución hipotecaria data del año 2000. Es decir, la situación de emergencia económica del año 2001 NO fue el desencadenante de su problema, su falta de pago ocurrió 2 años antes.
Es falsa también la afirmación respecto a que con distintos profesionales intentaron arribar a un acuerdo con el Banco. En el año 2003 fue el propio matrimonio quien solicitó su Concurso Preventivo para frenar el primer remate.
En este proceso judicial recibieron 4 notificaciones por escrito donde se les informaba del plazo a ellos otorgado para hacer una propuesta a los acreedores (entre ellos el Banco), que la misma debía hacerse por escrito y que vencido el plazo sin haberla hecho serían declarados en quiebra. El matrimonio Fuhr-Valsagna dejó vencer el término, y la Sindicatura les solicitó la quiebra.
El trámite de subasta: El banco ejecutante inició otro trámite judicial (año 2004 posterior a la declaración de quiebra en la que intervine), llamado Concurso Especial para hacer valer su privilegio crediticio, y fue quien solicitó la subasta del bien. La subasta ordenada sucedió en un proceso distinto a la quiebra, atento al privilegio hipotecario que tenía el Banco. En este tipo de procesos NO hay legislación alguna que impida la subasta. Incluso profusa jurisprudencia niega la aplicación de cualquier norma.
El remate estaba ya ordenado, y el matrimonio demandado solicitó una suspensión, con el compromiso expreso de cancelación de la deuda en el transcurso de 7 meses. El tribunal actuante les concedió el beneficio atento al compromiso por ellos asumido por escrito. Pero no cancelaron la deuda, ni siquiera hicieron pagos a cuenta. Vencido el plazo se ordenó el remate, que ocurrió el 1 de octubre de 2010.
Es notorio y harto claro que no hubo trampas, ni irregularidades. En los tres juicios promovidos obtuvieron 3 suspensiones de remate y posibilidades de pago, todo en 11 años.
El desalojo ordenado: Quien resultara adquirente en la subasta en el año 2009 requirió la inscripción del inmueble como propio pero, como paso previo, era necesario hacer la toma de posesión correspondiente. Como es sabido, los demandados -que estaban debidamente notificados de la realización de la subasta, su aprobación, el pedido de desocupación, etc.- desde hace más de un año habitan el inmueble en pleno conocimiento que ya no les pertenece, no abonan impuestos, y no ofrecen alquiler alguno, pese a que esta posibilidad fue deslizada por la propia adquirente para evitar el desalojo del mismo, lo cual obstaculizó por más de un año la toma de posesión reclamada por la adquirente.
Mi participación: Resulta de enorme gravedad lo afirmado por estas personas respecto a la comisión del delito de prevaricato de mi parte. Quien suscribe tuvo una intervención en el Concurso Preventivo por los deudores durante el año 2003 solamente. Ante los infructuosos llamados telefónicos y notificaciones escritas realizadas para que los demandados se acerquen a realizar la propuesta a los acreedores en tiempo y forma y de esa forma salvaguardar sus derechos, me vi en la obligación de renunciar al patrocinio letrado de los mismos, lo cual ocurrió en el año 2003. Todo ello está debidamente documentado en el trámite concursal. Mi actual participación, que ocurre en este año 2010 se debe al poder otorgado por la adquirente en la subasta en el trámite de ejecución promovido por el Banco luego de la quiebra de los deudores, y para inscribir el inmueble. Es decir mi participación ocurre en trámites judiciales distintos, el primero finalizado en el año 2003 y el actual con comienzo en este año. Cabe también la aclaración respecto a que el comprador en una subasta NO es un litigante (actor o demandado) y recién interviene cuando una sentencia firme ordena la ejecución, es decir, lo sucedido en el trámite de ejecución hipotecaria ya estaba resuelto cuando mi actual adquirente interviene en escena. Todo lo dicho daña enormemente a mi persona puesto que NO se corresponde con la realidad y fue difundida livianamente como cierto sin haber corroborado la información previamente. Como corresponde, se iniciarán las acciones legales correspondientes por las injurias vertidas.
La conciliación: Por último, la Sra. Cecilia Valsagna Pesce afirmó que en la audiencia celebrada el 24.11.2010 se tomó la decisión que "se revise y desmenuce el expediente". Ello no se condice con la realidad, puesto que en dicha audiencia se dejó en claro que la resolución de ejecución hipotecaria estaba firme y que la orden de desalojo debía cumplirse; fueron los demandados quienes se comprometieron a retirarse del inmueble en forma pacífica el 01.12.2010, respetando la orden judicial, firmando de su puño y letra el acta correspondiente.
Agradezco el espacio otorgado para mi descargo.

Paola Ramos
Abogada





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