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Martes 30 de Noviembre de 2010


Locales

Los detalles del proyecto

* El "sistema de video monitoreo urbano municipal" fue elaborado por el Departamento Ejecutivo Municipal luego de haber recorrido varias ciudades -Santa Fe, Campana, Tigre, por ejemplo- para ver cómo funciona esta clase de programas.
* Demandará una inversión inicial de algo más de 600 mil pesos en equipamiento tecnológico y otros 240 mil en infraestructura.
* Se comprarían 17 cámaras valuadas en 1.500 dólares por unidad y 7 domos para que puedan girar 360 grados cotizados en 4.500 dólares. Además, incluye un sistema de administración de radio de dos televisores plasma y computadoras por un total de 31 mil pesos como así también un cluster de radio de 70 mil pesos.
* El costo operativo anual del proyecto asciende a $960.000. Es decir, a lo largo del primer año Rafaela deberá invertir cerca de dos millones de pesos.
* El Concejo quiere que se utilice para mejorar el tránsito y no para brindar una sensación de más seguridad.
* Los cinemómetros móviles cuestan entre 25 mil y 59 mil dólares.
* Los empleados deberían trabajar 45 minutos y descansar 15 por cada hora, un modelo que permite mantener la atención sobre las imágenes que reciben en el centro de monitoreo.
* Desde el Ejecutivo insisten en que esta central inteligente podría controlar y mejorar el tránsito de forma remota para poder tener visualizado el flujo y la concentración de vehículos, modificando los tiempos de los semáforos en función de los horarios.
* La semana pasada, la Legislatura aprobó la legislación marco para esta clase de proyectos a nivel provincial. Allí se establecen reglas para el posterior manejo del banco de imágenes sin afectar derechos individuales.
* Al igual que lo señala el proyecto elevado por el Ejecutivo local y que ahora está en estudio en el Concejo Municipal, se prohíbe la instalación de este tipo de cámaras en lugares de acceso público donde se pueda afectar la privacidad de las personas.
* Las videocámaras instaladas en la vía pública tampoco podrán captar sonidos, excepto que se cuente con autorización judicial.
* Finalmente, la ley busca garantizar la convivencia ciudadana, la utilización pacífica de los espacios públicos y la prevención de delitos y faltas, sin poner en riesgo las garantías individuales, sostienen los autores del proyecto de ley.

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